Estudio ambiental tiene 40 mil páginas y más de 1.000 cartografías. Las 50 comunidades indígenas que impactará, los cruces de ríos y eventuales expropiaciones para instalar las franjas de seguridad asoman como puntos críticos en la tramitación.

Kimal-Lo Aguirre inició proceso ante el SEIA:

Cuarenta mil páginas y más de 1.000 cartografías tiene el Estudio de Evaluación Ambiental (EIA) de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, proyecto que inició su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) hace una semana. Dadas la magnitud y envergadura del EIA, el proceso “para subir el estudio al sistema” tomó tiempo y en la empresa esperaban concluirlo en estos días.

Se trata de una línea que es clave y crítica para el sistema eléctrico, pues permitirá transportar hasta 3.000 MW de energía renovable que hay disponible en el norte del país y que hoy no puede evacuarse a los centros de consumo de la zona central, por falta de capacidad de la red de transmisión eléctrica.

En sus 1.400 kilómetros de extensión y con una inversión estimada de US$ 1.500 millones, el trazado Kimal-Lo Aguirre —propiedad del consorcio formado por la canadiense Transelec, la colombiana ISA Inversiones y la china Chile HVDC Transmission— supone instalar 2.700 torres, de entre 50 y 80 metros de alto, que recorrerán cinco regiones, desde Antofagasta a la Metropolitana. Dada la extensión del tendido eléctrico, la empresa tomó resguardos para acotar riesgos y que la evaluación ambiental sea lo menos compleja posible. Ello, en el entendido de que la “permisología” hoy es un tema sensible y neurálgico para todos los proyectos de inversión. La línea debería estar operativa en 2029 y según el cronograma que maneja la empresa, podría obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante este Gobierno, en 2025.

Aunque en la industria hay dudas sobre esos plazos. “La línea es clave para tener una matriz renovable y un sistema de transmisión robusto, que hoy no está funcionando de manera eficiente. Y una matriz más limpia y eficiente generará precios más bajos. Pero el proyecto enfrentará muchas dificultades y esas fechas son muy exigentes, creo que podría atrasarse”, dice Ramón Galaz, director ejecutivo de Valgesta.

Pueblos indígenas

La empresa inició el trabajo de levantamiento de la línea base ambiental —insumo para elaborar el EIA— hace más de un año. Para preparar ese trabajo, la firma previamente analizó las guías y manuales de buenas prácticas para empresas multinacionales en esta materia, que tienen la OCDE, el BID y el IFC, del Banco Mundial.

Luego, la empresa formó un equipo especial con cerca de 100 personas para relacionamiento comunitario, con un representante dedicado a cada una de las cinco regiones, donde “uno de los aprendizajes relevantes de otros proyectos que se tramitaron antes, es que siempre es la propia empresa la que da la cara ante la comunidad, el titular del proyecto, no un consultor”, dicen fuentes cercanas. Y uno de los hallazgos que más sorprendieron a los desarrolladores de Kimal-Lo Aguirre, fue encontrarse con que no había un cuestionamiento “al por qué y para qué del proyecto”, pues, aseguran conocedores, “hay mucha conciencia del valor y beneficio que tendrá para el cambio climático”. Fuentes al tanto precisan que la oposición que encontró el consorcio impulsor de la iniciativa fue más bien, “nos gustaría que la línea pasara por otro lado”, pero nunca un portazo de “no queremos el proyecto”.

Con arqueólogos, forestales, biólogos, hidrogeólogos y geógrafos, entre otros, “peinaron” los 1.400 kilómetros, para caracterizar el territorio y levantar los principales nudos y puntos críticos. Lo primero fue mapear a todas las organizaciones indígenas, comunidades y asociaciones que se localizan en las cercanías por donde pasa el trazado de la línea, para ver los usos, costumbres y sistemas de vida que conviven en los distintos lugares. Conocedores del trazado precisan que la línea evita zonas de alta densidad poblacional, es decir, no pasa por ciudades, sí por zonas rurales, caseríos, localidades, pueblos chicos y otros.

La línea recorre 28 provincias y comunas, y 92 localidades censales, que son los asentamientos humanos que se ubican dentro de una localidad. En esas 92 localidades censales, la empresa encontró a más de 300 organizaciones sociales, entre las que se incluye a juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores y comunidades indígenas, entre otras.

En ese universo, identificaron a 50 grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Con todos se contactaron y con 40 de ellos hicieron un proceso para definir los impactos que tiene el proyecto y acordar medidas de mitigación, “lo que no garantiza que durante la tramitación, el proyecto tenga oposición de esos mismos grupos”, admiten.

Cruce de ríos

Otro de los puntos críticos que se identificó son los cruces de los ríos, porque a la luz del cambio climático, el agua —o la escasez de ese recurso— es un tema sensible para la población.

“El agua tiene un valor, ya sea por turismo, por agricultura o para consumo, por lo que los cruces de los ríos son potencialmente conflictivos”, revela una fuente al tanto. Los ríos más complejos para el tendido son el Choapa, Elqui, Limarí y el Aconcagua, “y no hay cómo evitarlos”. La línea pasa, además, por esteros.

Para evitar oposición de comunidades y minimizar riesgos en la evaluación ambiental, la empresa hizo modificaciones en el diseño de la línea, buscando puntos del río donde no hubiera viviendas y donde las riberas no fueran tan extensas, para poder cruzar el río con el tendido eléctrico, pero sin tener que poner ninguna torre en el lecho del río.

Expropiaciones

La zona de servidumbre o franja de seguridad de la línea —terreno de 80 metros de ancho promedio, a lo largo de todo el tendido— es otro tema que la empresa trató de despejar previo a la presentación del EIA, pues asoma como otro punto neurálgico en el itinerario del proyecto. Y la firma negoció con algunos propietarios de esos terrenos, para evitar llegar a expropiar cuando se inicie la construcción. Todo el trazado de la línea, detallan conocedores, involucra a más de 500 propietarios de franjas y, hasta ahora, la empresa pactó acuerdos con cerca del 5% de ellos.

La empresa ya tiene negociado el terreno para las dos subestaciones que requiere el proyecto. En Kimal, Antofagasta, es un paño de 17 hectáreas, donde hay acuerdo con Bienes Nacionales. En Lo Aguirre, Pudahuel, pactaron las 25 hectáreas con Minera Lo Aguirre, del empresario Manuel Cruzat.

Con todo, en la empresa hay una certeza: “Pese a nuestro esfuerzo, sabemos que habrá oposición, porque hay una industria lucrativa que se dedica a oponerse a los proyectos”.

Fechas

Según el cronograma de la empresa, la línea debería estar operativa en 2029.

Jessica Marticorena